Por Rubén Darío Rodríguez López (*)
No se confunda apreciado lector de esta columna, no me refiero al programa de mejores bachilleres, "ser pilo paga" me refiero a que ser pillo, sinónimo de pícaro, de ladrón, de corrupto, de sinvergüenza sí paga en Colombia.
En nuestro país bien apodado "Macondo", ser un pillo, o mejor, un ladrón de los recursos públicos es un buen negocio. Me atrevería a decir que ninguno o casi ninguno de los colombianos, ya sea por vinculación propia o por la de un familiar (papá, primo, tío, sobrino, madrina o padrino, etc.) ha estado exento a la corrupción o ha estado involucrado en un acto de soborno, chanchullo, tráfico de influencias, colados en fila, etc. Palabras más palabras menos, la corrupción se convirtió en un comportamiento inherente a la personalidad colombiana, como lo diría un héroe de ésta práctica, de la tan privilegiada familia Nule.
Para nadie es un secreto que para acceder a los recursos públicos en cualquiera de sus entidades Nacionales, Departamentales, Municipales o de entidades públicas de servicios, de hospitales, de Ministerios, etc. se logra solamente a través de las llamadas "licitaciones públicas, convenios, selecciones abreviadas o mínimas cuantías" que hoy se denominan "licitaciones Sastre", porque se hacen a la medida del contratista que las compra.
Sabían, apreciados lectores que al año en Colombia permitimos que se roben la bobadita de 22 Billones de pesos? (22´000.000.000.000, así con 12 ceros) Si, esa cifra es la que reportan, pero obviamente no es la real, es mucho más. Podemos pensar qué se podría hacer con ese dinero? por ejemplo: se pagaría tres veces la deuda de los hospitales públicos, se pavimentaría 30 veces la carretera Málaga- Curos; ese sería el presupuesto de la provincia de García Rovira para los próximos 60 años y miles de cosas que se podrían hacer con éste mundo de dinero.
No vale la pena ponernos a mencionar cual gobierno ha sido el más o el menos corrupto de los últimos 40 años, pero me atrevería a concluir que la corrupción se desmadró desde el momento en que el narcotráfico permeo las campañas políticas y los mafiosos y "traquetos" empezaron a hacerse elegir. Una vez elegidos legislaron para ellos, para sus negocios y se viralizó la cultura del dinero fácil, que se complementa con la compra del Poder, la comercialización de estereotipos femeninos y el uso de elementos estrambóticos como camionetas, caballos, whisky y últimamente las mansiones campestres al estilo "Miami Beach". Si la descripción de la cultura mencionada anteriormente no es la de cualquier político o contratista grande, mediano o pequeño o tiene cualquier parecido a nuestra realidad, me quito el bigote, como diría nuestro prócer Santandereano, Horacio Serpa.
A nivel Nacional se destacan casos como Foncolpuertos (50 mil millones), el proceso 8.000, Chambacú (35 mil millones), nuestros hijos ilustres santandereanos los hermanos Moreno Rojas (2 billones de pesos), los Nule, y más recientes como Reficar (8 mil millones de dólares), Odebretch (12 billones de pesos) etc.
A nivel Departamental, recuerdo algunos casos cuestionados y sin investigaciones como los sobrecostos de licitaciones y sus adjudicaciones cuestionadas, como el contrato del banco de maquinaria, los programas de alimentación escolar (PAE), El tercer carril, los intercambiadores de Bucaramanga, la represa de Vélez, programas de vivienda, los contratos del chance, etc.
A nivel de la provincia de García Rovira hay innumerables casos que por ser relativamente pequeños no son tan mediáticos, pero por eso no dejan de ser casos de corrupción donde no se han encontrado los recursos o las obras que se contrataron y, peor aún, nadie ha pagado un solo día de cárcel o de penalidad alguna por éstas acciones, para mencionar algunos, por ejemplo: el interminable acueducto de Jaimito en Málaga, algunos programas de viviendas adjudicados a las familias, sin ni siquiera legalizar los lotes o al menos dotarlos de servicios públicos, los ovejos del Uruguay, la morgue del hospital de Málaga, la apertura de centenares de kilómetros de vías terciarias que nunca se hicieron, polideportivos a medias, la costosa villa deportiva de Málaga, el Estadio Municipal de Málaga y la gran cantidad de Planes que contratan los municipios y que no dejan de ser un "copia y pegue" de otros que ya estaban hechos por los cuales se pagan unas grandes cantidades de dinero y en fin, nadie puede negar que en provincia, la única forma de contratación de los municipios es la "mínima cuantía" que va amarrada al mejor postor o al mayor inversionista de la campaña.
Todo lo anterior sucede ante los ojos de las entidades encargadas de hacer justicia (me refiero a los ojos de la insignia de la justicia, que es una mujer con los ojos vendados), no hay Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Veeduría, Personería, Jueces, Magistrados, que logren detener en lo más mínimo ésta pandemia (Wikipedia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región o país) que nos tiene enfermos a todos, pero principalmente a las finanzas de los colombianos.
La Justicia colombiana y la legislación que penaliza la corrupción, no sé si genera risa o ganas de llorar, con penas irrisorias y pagadas desde las "casas por cárcel" hacen sencillamente que los corruptos se froten las manos y se jacten de orgullo robando y robando sin encontrar fondo. Confieso que me hizo llorar el caso de la Ing. María Elisa Hernández, ex secretaria de Planeación de Málaga que fue destituida e inhabilitada por 10 años por la Procuraduría, dizque por incluir una cláusula de visita a sitio de obra como habilitante en estudios previos (ni siquiera en pliegos definitivos) atendiendo la recomendación de un asesor jurídico y obviamente recibiendo órdenes superiores y quienes dieron la orden y quienes ejecutaron la obra altamente cuestionada, fueron inhabilitados solamente por 3 meses. Estoy completamente seguro que ni María Elisa ni su familia se han robado un solo peso, pero no puedo asegurar que quienes firmaron y ejecutaron el contrato hayan hecho lo mismo. La obra habla por sí sola. Esa es la mejor fotografía de la justicia colombiana.
La plata del Estado es la plata de nosotros, (no es la plata de los políticos, no es la plata de los gerentes) es decir, en pocas palabras los colombianos nos hacemos el "harakiri" que significa: corte de vientre, que es una forma de suicidio utilizado en Japón, cuando hacemos parte, cuando somos complacientes, cuando permitimos o cuando no denunciamos la corrupción. He visto como se revientan las redes sociales denigrando, desmadrando a Santos y a los Senadores y Representantes que aprobaron la reforma tributaria, sin darnos cuenta que éste "mal que nos aqueja" es crónico, es viejo, de muchos años y que nosotros lo copatrocinamos cuando nos vamos de jeta a acompañar las caravanas de camionetas, de caballos, de mujeres plásticas y de garrafas de whisky que andan con los Alcaldes, Gobernadores, Senadores y Representantes y que pagan con la plata de nuestro propio bolsillo para volverse a elegir.
¡Feliz año!
(*) ZOOTENCNISTA. ESP. ALTA GERENCIA
