Por Rubén Darío Rodríguez López
Antes de iniciar con el tema central de mi columna en esta oportunidad, aclaro que desde hace un poco más de 10 años, no tengo ningún vínculo laboral directo con EPS alguna, ni con ninguna IPS, ni con institución alguna que tenga que ver con el sistema de Salud, excepto con Coomeva EPS de la cual soy afiliado y mi esposa es empleada.
El sistema de salud en Colombia, se transformó a partir de la Ley 100 de 1993 cuando creó el sistema de seguridad social en salud, estableciendo la Salud como un derecho público obligatorio para el Estado y un derecho irrenunciable para la comunidad. Dentro de los principales objetivos estaban: hacer universal el sistema, es decir, cubrir la totalidad de la población colombiana para la cual se crean el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Mediante el régimen contributivo se obliga a afiliar a todos los asalariados y sus familiares y a trabajadores independientes con capacidad de pago, y mediante el régimen subsidiado se le da accesibilidad a la demás población con cargo a recursos del Estado, a través de transferencias a departamentos y municipios y la cuenta denominada FOSYGA. Esta ley ha sido modificada o reformada centenares de oportunidades, hasta la denominada hoy Ley Estatutaria de la Salud, promovida por este gobierno.
En cifras generales, en Colombia el 97% de la población está afiliada al sistema general de seguridad social (2016), esto es 46.3 millones de personas aproximadamente. El 44% se encuentra en el régimen contributivo, el 48% en el régimen subsidiado y un 5% en régimen especial (fuerzas armadas, sector educación, etc.). La operación del sistema nos cuesta a los colombianos aproximadamente 32 billones de pesos al año, lo que corresponde a un 7,2% del PIB nacional, un porcentaje muy por debajo de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que como mínimo, debe ser el 10% del PIB.
Para nadie es secreto, que el sistema atraviesa hoy por una de sus peores crisis, la cual es causada, a mi manera de ver, por muchos factores que están tocando fondo y que cabe una corresponsabilidad a todos los que hacen parte del sistema. Generalmente cuando se habla de la problemática del sistema, se responsabiliza fácilmente a las EPS, vistas hoy como intermediarias y como las artífices del caos financiero de la Salud; sin embargo, quiero hacer un análisis un poco más allá y mostrar que no solamente las EPS son las responsables, sino que todos los actores, tenemos parte de responsabilidad en el mal manejo del sistema general de seguridad social en salud.
El primer responsable es el Estado en cabeza del gobierno central, es decir, desde el Presidente y los Ministros de Hacienda y Salud han fallado en no prever los recursos necesarios y suficientes para la operación del sistema. Es muy claro que el sistema esta desfinanciado, que hoy y gracias a los fallos judiciales, y a los planes de beneficios, llamados POS, no tienen diferenciación entre el régimen contributivo y subsidiado, lo que ha generado mayor demanda de recursos y adicionalmente a lo anterior, hoy ya no existe el famoso NO POS, es decir, se le debe cubrir todo lo que demande el beneficiario, indiferentemente el servicio que solicite. Este hecho nada más implica que no se puede considerar que el sistema siga financiándose con la misma cantidad de recursos año tras año, sino que implica al menos subir el presupuesto a lo recomendado por la OMS. Ahí un primer responsable.
Otro actor que lleva hoy mucha responsabilidad en la actual crisis, es el sistema judicial. Hoy, si bien los jueces y magistrados, se supone, obran en pro de garantizar los derechos fundamentales, hay también unos pocos que se han prestado para desangrar financieramente los recursos de la salud. A través de la "tutelitis", epidemia que se presenta en el país para autorizar, en muchos casos, servicios absurdos e imposibles de cumplir por parte de las EPS. Se ha detectado que por ejemplo, una persona homosexual logró que le autorizaran el blanqueamiento del ano, porque se sentía con baja autoestima; también han logrado autorizar cirugías estéticas, diseños de sonrisas y otras han logrado vivir integralmente a costas del sistema de salud, logrando que le autoricen mercados, viáticos, asistencias personales y las famosas terapias para niños especiales, que en muchos casos han vuelto multimillonarias a unas IPS, especializadas en manipular a los niños especiales y sus familiares, solo para mencionar algunos casos.
No puede excluirse de la responsabilidad del caos a los políticos, que han permeado de corrupción todas las esferas de los recursos públicos. El sistema delegó en los Departamentos y Municipios, la responsabilidad de la "promoción y prevención de la salud", recursos con los cuales se pagan grandiosas cuentas de publicidad, pero que no le llegan a la red pública, que debería ser la promotora básica de la prevención en salud. Y qué decir de la burocracia en Hospitales públicos. Las gerencias de hospitales y centros de salud, convertidas hoy en fortines políticos y que disfrazan a través de concursos amañados con universidades su elección meritocrática. La burocracia en estos hospitales y su contratación no ayudan mucho a mitigar la problemática del sistema de salud y claro, no faltan los contratos a dedo para los amigos que tienen o montan una IPS cada cuatro años. Traigo el ejemplo de los multimillonarios recursos robados y pagados por pacientes inexistentes como los de la hemofilia en la costa.
Las clínicas e IPS privadas no se salvan de la responsabilidad del caos. Se han convertido en empresas expertas en facturar, más no en prestar servicios. Canalizan los pacientes desde los primeros niveles, haciendo redes de referencia y contrarreferencia para que las urgencias entren como por un tubo a sus clínicas y allí logran facturar hasta el saludo por esos pacientes. Hoy ponen hasta a los celadores a dictar charlas de prevención y les hacen firmar la asistencia a la sala de recepción y con esto cobran cualquier actividad de promoción y prevención y en algunos casos les hacen llevar a los pacientes insumos que deberían ser suministrados por ellos y al final siempre se los cobran a las EPS.
Finalmente, los usuarios o beneficiarios también tienen corresponsabilidad en esta crisis. Solamente pendiente de hacer valer sus derechos, pero muy poco de cumplir con sus deberes. En el régimen contributivo se viene presentando que las personas se afilian por un día, y pagan solamente un día de afiliación al sistema, después se retiran y como la Ley obliga a las EPS a prestarles servicios, siguen disfrutando de estos pagando un solo día de cotización, a esta práctica la llaman "jineteo". Otra práctica no muy honesta que está sucediendo con los usuarios, es el de poderse transferir del sistema contributivo al subsidiado y viceversa. Hoy un usuario que debe cotizar como independiente, paga 15 días de cotización y se retira, manifestando que se quedó sin empleo, entonces la EPS debe seguirle prestando el servicio a través del régimen subsidiado en la misma EPS, lo que hace que los independientes se vuelvan evasores del pago al sistema de seguridad social. Y ni hablar de los colados en el SISBEN, de los que tienen dos o más contratos de prestación de servicios y pagan por un solo contrato y con el salario mínimo o son dueños de empresas y también cotizan con el salario mínimo.
En fin, como lo manifiesto aquí, en la crisis de la salud todos tenemos nuestra corresponsabilidad y nadie se salva.
Por eso, apreciado lector, si usted es de los que piensa que los problemas de nuestro país son solamente por uno de los actores, lo invito a que reflexione y analice mejor sus planteamientos y miren los diferentes puntos de vista. Y antes de exigir nuestros derechos, miremos si estamos cumpliendo con nuestros deberes.
